La discusión por el secuestro de vehículos en infracción parece permanente, sobre todo en las grandes ciudades. En este caso, una presentación judicial ante la Corte Suprema de la Provincia abrió un dilema en Mar del Plata: un particular presentó un recurso de inconstitucionalidad por el secuestro de su vehículo utilitario.
Se trata de Néstor Oliver, que cataloga como “robo calificado” la sustracción de los autos en infracción. “La ley establece que el vehículo debe ser paralizado el tiempo que se tarde en hacer la infracción, no más”, le dijo a NOVA el ciudadano marplatense.
Oliver es discapacitado, y el conflicto estalló cuando, al secuestro de su vehículo - única herramienta de trabajo-, le siguió una demora que excedió los tiempos tradicionales y la destrucción de algunas de las partes.
“Interpongo recurso extraordinario por inconstitucionalidad e inaplicabilidad en queja según lo normado en los artículos 794-798 del C.C. Art. 15-25-161-165-168-171 de la Constitución Provincial, y 13, 14 18 y 75 de la Constitución Nacional, como así la Convención Nacional 26378 de protección a las personas con discapacidades”, señaló el particular en su presentación judicial.
El ciudadano marplatense apuntó “contra la sentencia del juez de Faltas del Juzgado Nº 3, Pedro López Martucci, quien mantuvo el secuestro cuando supo que era la herramienta de trabajo de un discapacitado, y cobró 30 peso diarios por la retención de la propiedad privada, dilatando la entrega al firmar un ‘levantamiento de secuestro’”.
En su presentación, dirigida al presidente de la Corte, Eduardo Petigiani, Oliver solicitó “se nombre un abogado para que subsane falta de firma de letrado” en lo referente a “actas de infracción 13566122 y 1356121 de fecha miércoles 13 de julio 2011, Juzgado Nº 3 de Faltas Municipales de Mar del Plata, a cargo del juez Pedro López Martucci, y causa Nº 7757 del Juzgado Correccional Nº 2, a cargo de la Dra.Ana M. Fernández, quien hace de Cámara de Apelaciones”.
El particular interpuso “un recurso para denunciar la inconstitucionalidad e inaplicabilidad de ley, haciendo la reserva de la ley 48”. “El 16 de octubre 2011, al presentarme a reclamar sobre mi apelación, se me informó que había otra Cámara de Apelación que fue elevada a la Sala Nº 3, con otro numero a cargo del juezMartín Pogetto, funcionario éste que, cuando en 2001 me destrozaron el Falcon, como fiscal no me hizo las pruebas, obviamente para encubrir al poder municipal”, señaló Oliver.
Y agregó: “El Dr. Fernández Dagarre, pariente de Ana Fernández, con notificaciones falsas me archivaba la apelaciones en el 2001, es como una pseudo corporación, no siempre quedan impunes, ellos tienen un negocio con el tema de apoderarse del vehículo, y otros como ser el juego clandestino”.
“Me infraccionaron por falta de VTV y por tener la denuncia de haber extraviado la licencia de conducir, se niegan a poner sello aclaratorio sobre las infracciones, como así a establecer las herramientas que quedaron en la camioneta, ya que parte de ellas las retiré, las que podía llevar en un remis con una señora -sostuvo Néstor Oliver-. La escalera quedó en lo de un vecino del lugar, donde se apoderaron de la propiedad privada, mi camioneta utilitario”.
En ese sentido, señaló que “en mi caso, surge de la lectura de los folios que me negué a firmar las actas y posteriormente le imputé al inspector actuante haber procedido maliciosamente”. “Le reclamé a este Juzgado en reiteradas veces que ni la firma de funcionarios poseen las actas y que me negué a firmar la misma porque no se transcribía fielmente lo que correspondía en las actas ni en el inventario varias veces", aclaró.
“En ningún lado se establecen las últimas normas en vigencia nacional y provincial de apoderase de la propiedad privada. En este caso, una camioneta para trabajar de un discapacitado severo y permanente”, enfatizó Néstor Oliver.
El ciudadano denunció que “con fecha 26 del mismo mes y año, al otro día, el juez firmó un libramiento para que se entregara el auto (que es una camioneta) y estableció que ‘reuniera la condiciones de circulación’”. A lo que Oliver se preguntó: “¿Cómo iba a reunir las condiciones de circulación si me estaba infraccionado por falta de VTV?”.
Asimismo, Oliver aseveró que, fundamentando su sentencia, el juez Pedro López Martucci señaló que “tal como consta en las actas, había extraviado toda la documentación por la que realizó la correspondiente exposición, es una mentira y falacia, no figura en ningún lado, sólo había extraviado el carnet de conducir”
“Desde el día 15 de julio del 2011 vengo denunciando al Juzgado Nº 3 de López Martucci, le vengo denunciando que la camioneta tiene roto el soporte, el tren delantero, le han abiertos las puertas, y faltan elementos de la caja de la camioneta, porque es una camioneta y falsamente hacen figurar en las actas que se llevan un automóvil. Martucci sabia que le retenía una camioneta utilitario a una persona discapacitada”, concluyó Oliver. |
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