lunes, 14 de marzo de 2011

Martinez de Alzaga, BML, VMF, RECSA, ROHR, VERAZ.

Martinez de Alzaga, BML, VMF, RECSA, ROHR, VERAZ. Las agencias de cobranza extrajudicial de deudores morosos funcionan de a decenas en la ciudad, sin regulación alguna y al límite de la ley.

http://tiempo.elargentino.com/notas/legislatura-demora-proyecto-que-pone-freno-al-senor-cobranza

La Legislatura demora un proyecto que pone freno al Señor Cobranza
Publicado el 25 de Julio de 2010Por Juan Manuel Suppa Altman
Es una ley para regular la actividad de las agencias de cobros extrajudiciales. La defensoría recibe a diario denuncias por vejaciones e intimidaciones. La mayoría de los afectados desconoce sus derechos y termina pagando bajo presión.
Las agencias de cobranza extrajudicial de deudores morosos funcionan de a decenas en la ciudad, sin regulación alguna y al límite de la ley. La Defensoría del Pueblo recibe reiteradas denuncias de deudores que son vejados e intimidados por sus prácticas. Por ese motivo el organismo ya presentó un proyecto en la Legislatura porteña que trata de establecer un marco de protección de acuerdo a la normativa vigente a nivel nacional.
La iniciativa ya cuenta con la aprobación de la Comisión de Defensa de los Consumidores y Usuarios del cuerpo, pero está trabado su tratamiento en el recinto. El proyecto básicamente propone la prohibición de algunas conductas que considera ilícitas, de acuerdo al “trato digno” que impone la Ley de Defensa del Consumidor. Se enumeran, dentro de estos modos hostiles, los reiterados llamados a teléfonos laborales y particulares como método de persuasión, y se propone una franja horaria determinada entre las nueve y las veinte horas que excluye los días no hábiles (es decir sábados, domingos y feriados). En relación a las notas que llegan por vía postal, se prohibiría el envío de misivas abiertas o que dejen entrever el intento de cobro de la deuda en mora. Tampoco se aceptaría que las mismas lleguen al domicilio laboral del deudor. Una de las novedades más importantes está en el artículo 4, que señala que en el caso que el deudor solicite la suspensión de los contactos telefónicos o epistolares, quedaría prohibido para las agencias la realización de nuevos intentos.
Según consta en denuncias a las que tuvimos acceso, los consumidores se quejan sobre todo de violaciones a su intimidad que les resultan vergonzantes o humillantes. En un caso que llegó a instancias judiciales, (“Lloyds Tsb. Bank c/ F M E s/ ordinario” CNAC SALA E), un estudio jurídico le había enviado a los empleadores de la señora F. una carta con advertencias y pedidos de informes sobre sus ingresos y eventuales embargos de sueldo. Las cartas se difundieron y los compañeros se enteraron de su supuesta situación económica, lo cual la afectó personalmente. El tribunal juzgó que el contenido de la carta era intimidatorio y amenazante y concluyó que había daño moral.
Otro caso es el de la señora María Antonia, que recibió una carta tipo formulario en su domicilio por deudas ya prescritas, sin sobre cerrado ni recaudo alguno, lo que la llevó a pensar que era “evidente que ambas empresas tuvieron la intencionalidad de hacer pública mi situación económica”, que era de estricto orden personal, y su “conocimiento y divulgación por los extraños (encargados del edificio y vecinos) significaron para mí un peligro real a mi intimidad… La vía utilizada tuvo como propósito la mortificación y el oprobio, a fin de que me someta sin más trámite y realice el pago de la presunta deuda reclamada.”
La situación de María Antonia presenta algunas características típicas que el proyecto de ley intenta erradicar. Lo primero es que, al presentar un reclamo por deudas prescriptas bajo formas que parecen judiciales (una carta similar en su forma a una carta documento), se intenta intimidar al deudor para que reconozca la deuda. La ley fija entre cinco y diez años, según el caso, el plazo para la prescripción de las deudas de los usuarios y consumidores Pasado este tiempo se convierten en obligaciónes naturales y no se puede forzar su cumplimiento en la justicia. Sólo con el reconocimiento explícito por parte del deudor se vuelven a convertir en obligaciones jurídicas. Por eso, lo que intentan las agencias es que el deudor contraiga por cualquier medio ese compromiso, aceptando la existencia de la deuda.
Con el avance de las tecnologías y la proliferación de archivos de datos personales, las empresas que ofrecen estos servicios han iniciado una carrera por garantizar una mayor y más intensiva persecusión para acorralar a los morosos incobrables. En su portal de Internet, la empresa de cobranzas extrajudiciales EMAC describe su actividad: “La gestión que llevamos a cabo implica un reclamo sistemático y coordinado, que tiene por objetivo definir el problema (sistema corral) y abarca todo el territorio nacional, aprovechando el conocimiento adquirido por la experiencia de la sociología imperante en cada provincia. Al suscribirse a nuestro servicio, vuestra empresa indirectamente realizará una auditoría en sus cuentas corrientes, sus movimientos, plazos, pagos e intereses.” Otras empresas garantizan llamados programados, para hacer que el deudor no descanse. Los llamados pueden suceder en los horarios más inverosímiles.
Maltratos, intromisiones, inclusive amenazas, van más allá de lo que el límite de la ley permite. Aunque nadie duda que se deben honrar las deudas, muchas veces los incumplimientos son la consecuencia de situaciones imprevistas e indeseadas como el desempleo, gastos en salud, etc. Este maltrato no hace más que cargar sobre la espalda de los deudores un estigma. Los caminos para encontrar soluciones deberían ser otros.
En lo relativo a la aprobación del proyecto, la situación es ambigua. Si bien el año pasado la Comisión de Defensa de los Consumidores y Usuarios ?entonces presidida por la diputada de zigzagueante trayectoria Ivana Centanaro (asumió por el Frente para la Victoria y terminó en el PRO)? los aprobó, hoy por hoy no hay fecha para su tratamiento en el recinto. En la Defensoría temen que la postergación se explique porque muchos legisladores atendieron las razones y presiones de las agencias de cobranzas extrajudiciales.

  1. Liliana el Octubre 29th, 2010 at 2:52 pm |

    Estos delincuentes de Recsa “empresa” contratada por las telefónicas y telefonía móvil cobran cosas inexistentes. A mí me dieron de baja mi línea de Movistar por “error” según me comentó una operadora y nunca me restablecieron la línea. Pagué una factura y ahora, después de casi dos años, me reclaman una deuda inexistente.
    Quién va a controlar a estos estafadores??????
    Mandan cartas al domicilio particular y al laboral con portadas tales como” último aviso pre-judicial”, etc. etc. , tratándote de estafador cuando los únicos estafadores son ellos.
    Quién va a tomar cartas en el asunto???…Iré nuevamente a Defensa al consumidor, ya realicé una denuncia a Telecom y tuvieron que retractarse.
    Evidentemente tendré que seguir denunciándolos y escrachándolos como ellos impúdica y maliciosamente hacen con los usuarios.

  2. Francisco Benzi el Octubre 29th, 2010 at 6:57 pm |

    Gracias por su visita y su comentario.
    Si se fija, hay una nota por cada empresa en este sitio, y algunas con centenares de comentarios.
    Hay que denunciarlos penalmente porque es un delito.

1 comentario: