El Superintendente de Riesgos del Trabajo, Juan González Gaviola, fue entrevistado por M24Digital, en donde habló de la reducción de los accidentes y muerte en el ámbito laboral.
¿Cuál es su balance con respecto a la reducción en un 30% de la mortalidad y un 27% de accidentes comunes en el ámbito laboral?
En el sistema de riesgo de trabajo, se está siguiendo el eje de la construcción de la nueva Argentina a diferencia de los países que en la etapa de la globalización hicieron eje en el capital financiero y hoy están ajustando los Estados para el pago de deuda, en vez de estar preocupados en generar riqueza y producción del trabajo para las generaciones futuras. En la Argentina hemos seguido la lógica de priorizar el empleo y la producción.
Lo primero que se hizo es recuperar el empleo, lo segundo es que una vez recuperados esos empleos estén regularizados y lo tercero es brindarles a los trabajadores la seguridad social, con todo lo que se ha hecho en términos de seguridad social, como alcanzar a aquellos sectores que se encontraban en la informalidad con la Asignación Universal por Hijo, o en la tercera edad, la moratoria previsional más todos los incrementos que se han dado.
Uno de los valores importantes del sistema y que desde otros países miran con admiración, es que Argentina a pesar de que está creciendo al 8% en promedio, luego de una primera etapa donde este crecimiento económico fue acompañado de una mayor accidentabilidad, en los últimos años hemos logrado revertir ese proceso; año a año se está accidentando menos gente y fundamentalmente se está muriendo menos gente.
Hoy estamos con indicadores que están superando a los del 2001-2002, que eran “falsos/buenos” indicadores, ya que, eran buenos porque no había accidentes ni muertes, pero eran malos porque la causas de la inexistencia de accidentes y muertes, se daba por la inexistencia del trabajo en sí. Hoy estamos con menos accidentes y menos muertes en términos porcentuales, que en el 2001 y 2002 y con el desarrollo a full, el agro a full, la minería a full, todas las actividades a full. Desde hace tres años rompimos con esto y tenemos más gente trabajando y cada vez menos accidentes laborales.
¿Cómo llegaron a estos resultados?
Con un trabajo interactivo con todos los actores, fundamentalmente una coordinación con las provincias y con las cuales hemos hecho convenios, lo cual es una política de Estado que no tiene barreras partidarias. Hemos trabajo en fortalecer el sistema de fiscalización, incrementando en un 150% los inspectores que las provincias tienen con ayuda nacional, mejorándoles la capacidad inspectiva con capacitación y con tecnología. Estamos incorporando también el accionar que forjan las ART a través de los preventores, quienes hacen 260 mil denuncias de incumplimiento de sus propios afiliados, sobre infracción de normativas. Esta buena relación con las provincias, con los trabajadores y también con el sector empresarial (que ha tomado conciencia que la prevención no es un gasto sino una inversión), ha hecho de que uno de los pocos sectores de la Argentina que hoy ha respondido y que hoy tiene elementos para mostrar en la convocatoria que hizo la Presidenta al diálogo social, es el sector del riesgo de trabajo.
Justamente el 27 de abril de este año firmamos un acuerdo quinquenal 2011-2015 con todas las responsabilidades de los distintos sectores de qué hacer en los próximos cinco años en materia de salud y seguridad. Con responsables, con fechas, con mecanismos de control de esta estrategia que abarca todas las aéreas desde las de investigación, registro de datos, fiscalización, capacitación. Esto ha sido convalidado por la Organización Iberoamericana de Seguridad Social y participaron de la firma de este documento la CGT, CTA, UIA, CAME, y el Consejo Federal del Trabajo.
El sistema está con un máximo de cobertura de más de 8 millones de trabajadores y después del decreto de 2009, se mejoraron muchísimo las indemnizaciones, que era uno de los problemas que el sistema tenia, habiendo arrancado en la época de los 90 cuando las mismas eran muy mezquinas para los trabajadores y además estaba hecho con la lógica de convertibilidad que ponía topes que cada vez eran menos continentes.
¿Cómo están combatiendo las dificultades burocráticas que generó el antiguo sistema?
El mayor problema que estamos teniendo ahora es el altísimo nivel de “litigiosidad”. Esto genera un clima de incertidumbre en el sector empresario y a eso hay que atacarlo por tres lados:
- Tiene un origen ilícito. Hay organizaciones de abogados y médicos que inventan enfermedades y tratan a través de la justicia sacarle plata al sistema. En Córdoba por ejemplo hay más de diez profesionales que hace más de dos años están con prisión preventiva bajo las figuras de asociación ilícita y fraude reiterado.
- Por otro lado, el sistema administrativo, para que haya una reparación total del daño, pueda pagar lo que se reclama a través de la vida civil, que es el daño moral. En los proyectos de ley para modificar la Ley de Riesgo de Trabajo, nosotros estamos sugiriendo que el sistema incorpore un componente más de pago, que se sume al lucro cesante que hoy está bien retribuido, para reparar lo que podría ser el daño moral cuando corresponde. Este sistema sí es aleatorio, si se toma se cierra la vía judicial. El otro no, porque es alimentario y se paga de cualquier manera, digamos, no podemos pedirle a una persona que está con una lesión grave, que si no está conforme con el sistema administrativo tenga que recurrir a la justicia -que se va a expedir dentro de muchos años-, cuando esa persona no está en condiciones de esperar. Pero habiendo resarcido bien el componente alimentario y el componente del lucro cesante, nosotros creemos que si no está de acuerdo con lo que le pagan en lo administrativo por daño moral, puede ir a la justicia, pero en ese caso no lo cobra, lo va a cobrar por vía judicial.
- El tema más complejo es determinar el daño que se produce en una enfermedad profesional o en un accidente, que en la ley inicial solo lo determinaban las comisiones médicas. En el caso del riesgo del trabajo, la Corte precisó que este daño podía definirse en los 600 tribunales laborales que hay en las 24 jurisdicciones del Estado Federal y esto tenemos que multiplicarlo por N peritos en un sistema que está mal regulado o que no está regulado. Esto está generando una dispersión de criterios que a igualdad de lesión, se obtienen una gran diversidad de indemnizaciones. Y la gente en muchos casos va al sistema judicial esperando que determinen un daño mayor.
Entonces una de las cosas que estamos haciendo es trabajar provincia por provincia, generando criterios comunes, dentro del sistema administrativo y el sistema judicial, para determinar el daño. Si no resolvemos este tema, la judicialización se va a seguir manteniendo aunque resolvamos el tema de la doble vía, porque van a ir a discutir la base indemnizatoria. El avance que tenemos en esto es que en la provincia de Mendoza hemos firmado el lunes pasado con la justicia, un acuerdo de cooperación en donde, por empezar, se va a conformar una comisión tripartita médica, con médicos de la superintendencia, de la provincia y de la Corte. Ellos van a tener como objeto revisar la calidad de las pericias médicas, hacer que estas pericias se ajusten a la aplicación del baremo (porque uno de los problemas que tenemos es que los médicos peritos no siempre utilizan el baremo nacional, sino que utilizan criterios que no los fundamentan en nada), de manera tal que podamos empezar a regular a las personas que ejercen pericias en el ámbito judicial, para que tengan la idoneidad necesaria y posean un mínimo de elementos con el fin de fundamentar diagnósticos. En algunos casos, como las enfermedades no listadas, hay una misma enfermedad que puede ser debida o no al trabajo, entonces hay que construir bien los límites para que esto caiga dentro o fuera del sistema de riesgo de trabajo. Esto lo hemos avanzado bien en Mendoza y lo tenemos avanzado en la provincia de Córdoba, que son las dos provincias que estaban a la cabeza de la litigiosidad.
¿Lo dicho fue un pedido de la Presidenta?
Así es, estamos respondiendo a lo que la Presidenta en reiteradas ocasiones ha pedido, que es combatir lo que muchos llaman la industria del juicio o excesiva litigiosidad, en donde algunos casos son netamente fraudulentos y en otros aprovechando estos agujeros de falta de coordinación entre los poderes ejecutivo y judicial.
Le pedimos a la Presidenta, todos los sectores involucrados, que este año sea el año que se declarara como del “trabajo decente, salud y seguridad”. La presidenta se hizo eco de este pedido y de hecho estamos en este año 2011 bajo esos términos. Esto quiere decir que un tema que no era central anteriormente, la Presidenta lo puso en el centro de la agenda política, en continuidad con las otras mejoras que hemos venido haciendo en el área del trabajo.
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