| ARGENTINA-DDHH |
| Los restos óseos de al menos 15 personas asesinadas durante la última dictadura argentina fueron hallados en un predio militar, en la norteña provincia de Tucumán. El lugar es el ex arsenal Miguel de Azcuénaga, perteneciente al Ejército argentino. |
| Audios disponibles: |
| Pablo Parenti, conductor de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Argentina. (hipótesis)- 28 seg. (223 Kb.) |
En ese predio funcionó el mayor centro clandestino de detención de la provincia argentina de Tucumán, durante la última dictadura en aquel país, entre 1976 y 1983. El descubrimiento fue realizado por el Equipo Argentino de Antropología Forense. Fue en el marco de las excavaciones que se realizan en la norteña provincia por orden judicial. Así lo informó este miércoles el Centro de Información Judicial (CIJ). En el lugar también fueron hallados proyectiles de armas de fuego, restos de ropa y calzado. Asimismo, el CIJ notificó que los restos óseos hallados en el ex arsenal se encontraban parcialmente quemados y ubicados en diferentes profundidades. Las pericias para la localización de fosas comunes en ese predio militar comenzaron en 2005. Desde 2011, las investigaciones forman parte de la mega causa "arsenal Miguel de Azcuénaga". Dichas investigaciones se encuentran actualmente radicadas en el Juzgado Federal a cargo de Raúl Daniel Bejas. Anteriormente, el Equipo Argentino de Antropología Forense confirmó la identificación de los restos de un ex senador desaparecido en abril de 1976, tras el golpe de Estado. Se trata de Guillermo Vargas Aignasse. Sus restos fueron hallados en otro centro clandestino de detención conocido como "el Pozo de Vargas". El recientemente fallecido represor argentino, Domingo Bussi, había sido condenado en 2008 a cadena perpetua por la desaparición de Vargas Aignasse. Según organismos argentinos de derechos humanos, 30 mil personas fueron detenidas desaparecidas durante la última dictadura que gobernó el país entre 1976 y 1983. Además, 5 mil recién nacidos fueron apropiados ilegalmente. (PÚLSAR) |
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viernes, 16 de diciembre de 2011
Encuentran en Argentina fosa común con restos de víctimas de la dictadura.
jueves, 4 de agosto de 2011
Las tomas de tierras en Jujuy llegaron hasta el aeropuerto local.
Unas cien personas se instalaron a pocos metros de una de las cabeceras de la pista y amenazó con cortar el alambre para armar sus casas. Las autoridades evalúan cerrar la terminal.
Las tomas de tierras en distintas zonas de Jujuy por parte de agrupaciones sociales y autoconvocados se extendieron en las últimas horas hasta superar los 40 terrenos ocupados, e incluso el aeropuerto de la capital provincial se vio hoy amenazado.
El avance de un grupo de "ocupas" que montaron carpas en una zona lindera a la estación aérea de San Salvador de Jujuy llevaron este miércoles a las autoridades de la Administración Nacional de Aviación Civil de la Argentina (ANAC) a evaluar la posibilidad de cerrar ese aeropuerto.
Más de 100 personas llegaron a ubicarse a unos 200 metros de la pista, lo que obligó la intervención de fuerzas de seguridad y en medio de versiones cruzadas, voceros de la ANAC dijeron que el Aeropuerto Internacional de Jujuy "Dr. Horacio
Guzmán" se mantenía operativo.
Más tarde, en un comunicado, el organismo indicó que un grupo de manifestantes ocupó esta tarde "un predio lindero" a la estación aérea y afectó el alambrado perimetral, pero no así "el cerco de seguridad ni a los movimientos de incursión aérea en pista de aterrizaje".
"El jefe del aeropuerto dio intervención a la Policía de Seguridad Aeroportuaria y ésta a su vez a la Fiscalía Federal Nº 1, a cargo del Dr. Domingo Batule, quien intimó a desocupar el predio", indicó la gacetilla de prensa.
El juez federal de Jujuy, Mariano Cardozo, tomó intervención en el hecho, dio parte a la Policía provincial y a la Secretaría de Gobierno jujeña, por lo que "ya se han tomado las medidas de seguridad en el predio" para que el aeropuerto se mantuviera esta tarde "abierto y operativo".
La estación aérea, también conocida como "Cadillal", está ubicada a unos 34 kilómetros de la capital de la provincia, donde las tomas de tierras se extendieron a más de 40 predios en las últimas horas, después del trágico desalojo de la semana pasada en la localidad de Libertador General San Martín, con un saldo de cuatro personas fallecidas.
Según estimaciones de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) había unas dos mil familias asentadas precariamente en los terrenos privados y públicos tomados.
"Realmente salió a la luz todo lo que se esconde bajo la alfombra, que es fundamentalmente la desigualdad social y la falta de viviendas que no sólo pasa en Jujuy, pasa en todo el país", evaluó Juan Carlos Alderete, titular de la Corriente Clasista y Combativa (CCC).
"Todos van a tener que dar una explicación y el Gobierno también al no dar nunca ninguna solución a los problemas de las familias argentinas", sostuvo el dirigente, en declaraciones a radio El Mundo.
Alderete dijo que también "va a tener que dar explicaciones" el juez Jorge Samman, "a ver quién le ha dado la orden política de iniciar la represión" del jueves pasado en terrenos ocupados del ingenio Ledesma en Libertador San Martín.
"Él estaba de vacaciones", comentó, y agregó que "las familias que tomaron las tierras eran gente que alquilaba o vivían hacinados".
Indicó en este sentido que "los alquileres aquí en General San Martín cuestan lo mismo que un alquiler en Palermo en Buenos Aires y los salarios son tremendamente menores, por lo cual alquilar tampoco es la mejor solución".
En este marco, el Gobierno provincial liderado por Walter Barrionuevo decidió acelerar por intermedio del Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy (IVUJ) la entrega de casas a medio construir a sus destinatarios originales para evitar más casos de usurpación.
En el departamento de San Antonio, por ejemplo, familias locales tomaron viviendas del FONAVI, alertados de la llegada de "ocupas" de agrupaciones sociales y particulares de otros lugares, incluyendo ciudadanos bolivianos.
La región más afectada por esta situación de incertidumbre, tomas de predios y revuelo social es la zona de Perico, en el departamento de El Carmen, a unos 35 kilómetros de San Salvador y cerca del aeropuerto internacional.
Allí, de acuerdo con un último dato proporcionado por la Policía jujeña, serían más de 20 los grupos de "ocupas" que ingresaron el lotes privados y en terrenos donde se levantaban casas del IVUJ, como en el acceso a la ciudad, según publicaron este miércoles medios de prensa locales.
Fuente: Noticias Argentinas
Las tomas de tierras en distintas zonas de Jujuy por parte de agrupaciones sociales y autoconvocados se extendieron en las últimas horas hasta superar los 40 terrenos ocupados, e incluso el aeropuerto de la capital provincial se vio hoy amenazado.
El avance de un grupo de "ocupas" que montaron carpas en una zona lindera a la estación aérea de San Salvador de Jujuy llevaron este miércoles a las autoridades de la Administración Nacional de Aviación Civil de la Argentina (ANAC) a evaluar la posibilidad de cerrar ese aeropuerto.
Más de 100 personas llegaron a ubicarse a unos 200 metros de la pista, lo que obligó la intervención de fuerzas de seguridad y en medio de versiones cruzadas, voceros de la ANAC dijeron que el Aeropuerto Internacional de Jujuy "Dr. Horacio
Guzmán" se mantenía operativo.
Más tarde, en un comunicado, el organismo indicó que un grupo de manifestantes ocupó esta tarde "un predio lindero" a la estación aérea y afectó el alambrado perimetral, pero no así "el cerco de seguridad ni a los movimientos de incursión aérea en pista de aterrizaje".
"El jefe del aeropuerto dio intervención a la Policía de Seguridad Aeroportuaria y ésta a su vez a la Fiscalía Federal Nº 1, a cargo del Dr. Domingo Batule, quien intimó a desocupar el predio", indicó la gacetilla de prensa.
El juez federal de Jujuy, Mariano Cardozo, tomó intervención en el hecho, dio parte a la Policía provincial y a la Secretaría de Gobierno jujeña, por lo que "ya se han tomado las medidas de seguridad en el predio" para que el aeropuerto se mantuviera esta tarde "abierto y operativo".
La estación aérea, también conocida como "Cadillal", está ubicada a unos 34 kilómetros de la capital de la provincia, donde las tomas de tierras se extendieron a más de 40 predios en las últimas horas, después del trágico desalojo de la semana pasada en la localidad de Libertador General San Martín, con un saldo de cuatro personas fallecidas.
Según estimaciones de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) había unas dos mil familias asentadas precariamente en los terrenos privados y públicos tomados.
"Realmente salió a la luz todo lo que se esconde bajo la alfombra, que es fundamentalmente la desigualdad social y la falta de viviendas que no sólo pasa en Jujuy, pasa en todo el país", evaluó Juan Carlos Alderete, titular de la Corriente Clasista y Combativa (CCC).
"Todos van a tener que dar una explicación y el Gobierno también al no dar nunca ninguna solución a los problemas de las familias argentinas", sostuvo el dirigente, en declaraciones a radio El Mundo.
Alderete dijo que también "va a tener que dar explicaciones" el juez Jorge Samman, "a ver quién le ha dado la orden política de iniciar la represión" del jueves pasado en terrenos ocupados del ingenio Ledesma en Libertador San Martín.
"Él estaba de vacaciones", comentó, y agregó que "las familias que tomaron las tierras eran gente que alquilaba o vivían hacinados".
Indicó en este sentido que "los alquileres aquí en General San Martín cuestan lo mismo que un alquiler en Palermo en Buenos Aires y los salarios son tremendamente menores, por lo cual alquilar tampoco es la mejor solución".
En este marco, el Gobierno provincial liderado por Walter Barrionuevo decidió acelerar por intermedio del Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy (IVUJ) la entrega de casas a medio construir a sus destinatarios originales para evitar más casos de usurpación.
En el departamento de San Antonio, por ejemplo, familias locales tomaron viviendas del FONAVI, alertados de la llegada de "ocupas" de agrupaciones sociales y particulares de otros lugares, incluyendo ciudadanos bolivianos.
La región más afectada por esta situación de incertidumbre, tomas de predios y revuelo social es la zona de Perico, en el departamento de El Carmen, a unos 35 kilómetros de San Salvador y cerca del aeropuerto internacional.
Allí, de acuerdo con un último dato proporcionado por la Policía jujeña, serían más de 20 los grupos de "ocupas" que ingresaron el lotes privados y en terrenos donde se levantaban casas del IVUJ, como en el acceso a la ciudad, según publicaron este miércoles medios de prensa locales.
Fuente: Noticias Argentinas
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